El espacio político La Libertad Avanza de Necochea difundió un duro comunicado luego del colapso parcial de una estructura de hormigón perteneciente a los silos del Elevador Terminal de Puerto Quequén, ocurrido durante la madrugada del martes 27 de enero de 2026. El episodio incluyó desprendimiento de material y derrame de mercaderías en plena área operativa del puerto.
Desde el sector señalaron que el derrumbe constituye una evidencia contundente del avanzado deterioro de una infraestructura portuaria estratégica, que atribuyeron a una deficiente gestión y a un esquema de concesión sostenido por el Gobierno provincial de Axel Kicillof. En ese marco, cuestionaron la rápida remoción del material colapsado sin que se haya informado públicamente sobre la realización de peritajes profesionales independientes ni la aplicación de clausuras preventivas ante posibles daños ambientales.
El comunicado advierte que el hecho no puede considerarse aislado, sino que responde a un modelo concesional agotado, basado en contratos de treinta años vencidos y prorrogados de manera sucesiva, sin licitación pública vigente. Según expresaron, este esquema habría derivado en falta de inversiones y en riesgos previsibles que hoy comienzan a materializarse.
La crítica también alcanzó al plano institucional. La Libertad Avanza sostuvo que la situación se agravó por la decisión de la presidencia saliente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, que antes de concluir su mandato —para asumir como diputada nacional por el Frente Renovador— otorgó una nueva prórroga del permiso precario de uso. Según el espacio político, esa medida eludió el procedimiento administrativo correspondiente para convocar a una licitación pública y consolidó un esquema irregular.
Si bien remarcaron que no hubo víctimas, advirtieron que ello no reduce la gravedad del episodio y lo calificaron como una “advertencia final” que el Estado no puede desatender. En ese contexto, anunciaron que impulsarán la intervención del Gobierno nacional en el Puerto Quequén, con el objetivo de ordenar la situación contractual, realizar auditorías técnicas independientes, revisar la legalidad de las prórrogas otorgadas y avanzar hacia una licitación pública transparente y exigente.
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