La protesta comenzará este lunes y se extenderá hasta el miércoles. Los profesionales cuestionan una resolución del organismo que eliminó incentivos, modificó prestaciones y, según advierten, pone en riesgo la atención de jubilados y pensionados.
Los médicos de cabecera de PAMI iniciarán un paro de 72 horas en rechazo a la resolución RESOL-2026-1107-INSSJP, firmada el 9 de abril, que modificó el esquema de remuneración del sector y encendió una fuerte alarma entre los prestadores de todo el país.
La medida, dictada por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, dispuso la actualización del nomenclador, el aumento del valor de la cápita y la eliminación del incentivo económico destinado a la formación de posgrado. Además, avanzó en un modelo que incorpora dentro de la cápita prácticas que antes se cobraban por prestación.
Según denuncian los profesionales, el cambio implica en los hechos la desaparición de una parte central de sus ingresos. De acuerdo con estimaciones difundidas por delegados y asociaciones médicas, facturaciones mensuales que rondaban los 3,8 millones de pesos podrían caer a valores de entre 1,2 y 1,6 millones.
Desde el sector aseguran que la reducción supera el 50% y advierten que, en muchos casos, la actividad podría volverse inviable una vez descontados alquileres, personal administrativo, servicios, insumos, conectividad, mantenimiento e impuestos.
La entidad APPAMIA alertó que este escenario puede derivar en una salida masiva de médicos del sistema y afectar el primer nivel de atención del organismo. El médico de cabecera cumple un rol clave en el seguimiento de enfermedades crónicas, la emisión de recetas, la indicación de estudios y las derivaciones a especialistas.
“Sin honorarios dignos no hay salud de calidad”, señalaron desde la organización que impulsa la medida de fuerza, al tiempo que reclamaron que se deje sin efecto la resolución.
Los profesionales también cuestionan que los cambios económicos hayan sido aplicados sin una renegociación contractual previa, pese a que la propia norma ratifica la continuidad de los contratos vigentes.
En ese contexto, el conflicto ya excede la discusión salarial y amenaza con convertirse en un problema sanitario de mayor escala, por el impacto que podría tener sobre la atención de millones de afiliados.
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