El texto legislativo modificado en la Cámara baja —sin la reducción de las licencias por accidentes y enfermedades en su redacción final— deberá volver al Senado para completar el trámite parlamentario. La versión que se aprobó en Diputados introduce cambios que el oficialismo intentará validar de manera definitiva en la Cámara alta antes del 1 de marzo.
La urgencia responde al calendario: la inauguración de sesiones ordinarias por parte del presidente electo intensifica la presión política para cerrar debates pendientes. El oficialismo busca una sanción rápida para mostrar capacidad de gestión y acotar la ventana de discusiones públicas sobre el proyecto.
En ese marco, los gobernadores juegan un rol decisivo. Varias provincias cuentan con representantes en el Senado cuyos votos son necesarios para alcanzar el quórum y, luego, la mayoría requerida para aprobar los artículos más controvertidos. Por eso, desde la Casa Rosada y los bloques aliados se activaron contactos con mandatarios provinciales para asegurar adhesiones y coordinar la estrategia legislativa.
La negociación contempla tanto aseguramientos de presencia en el recinto como acuerdos sobre redacción de puntos conflictivos. Los gobernadores pueden influir en la votación tanto al ordenar la asistencia de sus bancas como al mediar en ajustes que permitan contener objeciones de sindicatos y sectores provinciales afectados por el contenido del proyecto.
En el Senado se espera un debate corto pero intenso: el oficialismo intentará consolidar respaldos suficientes para no depender de grandes concesiones, mientras que la oposición y actores sociales presionan por cambios puntuales. La dinámica de la semana previa al 1 de marzo será clave para definir si la iniciativa logra sanción definitiva o si vuelve a abrirse la discusión.
El resultado tendrá impacto político inmediato: una aprobación rápida reforzaría la agenda del Ejecutivo y reduciría la incertidumbre legislativa al inicio de las sesiones, mientras que una demora ampliaría el conflicto entre el gobierno, los gobernadores y los distintos actores sociales que siguen de cerca el contenido del proyecto.
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