Concejales analizan el tema y advierten sobre una presunta desigualdad tributaria frente al resto de los contribuyentes del distrito.
La situación fiscal de Terminal Quequén S.A., la principal operadora portuaria del distrito, volvió a quedar en el centro del debate local luego de que trascendiera que la empresa no abonaría tasas municipales pese a registrar una facturación anual estimada en torno a los 37.000 millones de pesos.
El planteo reabre una discusión de larga data en el partido de Necochea, donde comerciantes, productores y prestadores de servicios deben cumplir con tributos como la tasa por habilitación, seguridad e higiene o servicios sanitarios, mientras que la actividad portuaria operaría bajo un esquema diferente.
Según distintas voces del ámbito local, la terminal habría atravesado décadas de concesión sin tributar a la Municipalidad, en un esquema que —afirman— se habría sostenido en una interpretación histórica vinculada al funcionamiento de la ex Junta Nacional de Granos, organismo estatal que no abonaba impuestos municipales.
Sin embargo, especialistas en derecho tributario sostienen que no existiría una norma específica que limite la potestad del municipio para cobrar tasas en la zona portuaria. En ese sentido, advierten que no podría configurarse un régimen de excepción que convierta al puerto en una “zona exenta” dentro del distrito.
El debate cobra mayor relevancia si se considera el impacto logístico de la operatoria portuaria. Se estima que más de 100 mil camiones circulan anualmente vinculados a la actividad, generando presión sobre la infraestructura vial y los servicios públicos locales.
En ese contexto, algunos concejales comenzaron a analizar el tema, con el objetivo de evaluar posibles herramientas que permitan revisar el esquema actual y determinar si corresponde avanzar en la aplicación de tasas municipales a la actividad portuaria.
La discusión se da en medio de un escenario económico complejo, donde la recaudación municipal aparece como una variable clave para sostener servicios y obras, y donde crecen los cuestionamientos por lo que se considera una posible inequidad frente al resto de los contribuyentes.
El tema promete instalarse en la agenda política local en las próximas semanas, en un debate que combina aspectos jurídicos, económicos y de equidad fiscal en uno de los principales motores productivos de la región.
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