La posibilidad de una nueva prórroga en la concesión de Terminal Quequén S.A. volvió a generar controversia en el ámbito portuario local, luego de que el productor agropecuario Enrique Pérez Decontardi hiciera pública una carta en la que cuestiona la falta de definición del proceso licitatorio anunciado años atrás por el Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén.
Perez Decontardi, productor rural, ex director del Consorcio de Gesti{on del Puerto de Quequén y verdadero artífice de la obtención del crédito del BID que posibilitó la extensión de la escollera de Necochea, expresó que distintos empresarios realizaron inversiones importantes para participar de una eventual licitación que finalmente no se concretó.
“Se gastó dinero por una promesa incumplida”
En su planteo, Decontardi señaló que el Consorcio tiene facultades legales para prorrogar la concesión, pero advirtió que la situación genera perjuicios para quienes prepararon propuestas confiando en el llamado a concurso.
“Como públicamente se informó que la terminal sería sometida a licitación, varios empresarios gastamos mucho dinero para asociarnos y elaborar una propuesta técnica, económica, institucional y ambiental”, expresó.
El productor sostuvo que esos costos no deberían quedar sin reconocimiento si finalmente se decide extender la concesión actual.
Derecho legal, pero reclamo moral
En el escrito, el empresario remarcó que la eventual prórroga no sería ilegal, ya que el directorio tiene atribuciones para adoptarla dentro del marco normativo vigente.
Sin embargo, planteó que existe una responsabilidad hacia quienes participaron del proceso preparatorio.
“El directorio puede hacer lo que quiera porque la ley lo asiste, pero también debe retribuir los costos de quienes fuimos convocados y finalmente engañados”, afirmó.
Debate abierto en el puerto
El futuro de la concesión del elevador de granos del puerto de Quequén se mantiene como uno de los temas más sensibles dentro del sistema portuario bonaerense, en medio de versiones sobre nuevas extensiones de plazo y reclamos de distintos sectores productivos.
La discusión involucra no solo cuestiones legales y contractuales, sino también el impacto económico que tendría una licitación o una prórroga sobre la operatoria exportadora de la región.
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