BUENOS AIRES – Es una imagen que se repite a diario en los portales de noticias y en los partes policiales: un detenido escoltado por oficiales, pero con su rostro cubierto por una mancha difusa o un pixelado extremo. Mientras la sociedad exige transparencia y seguridad, la justicia de la Provincia de Buenos Aires mantiene un blindaje sobre la identidad visual de los sospechosos. ¿Garantismo o estrategia legal? Aquí te contamos por qué esta práctica es, en realidad, un movimiento clave para que los culpables no queden libres.
El fantasma de la “prueba contaminada”
Aunque para el vecino común ver la cara del detenido genera una sensación de alivio o justicia, para un fiscal es un riesgo catastrófico. El motivo principal es técnico: el reconocimiento en rueda de personas.
Si la foto del sospechoso se viraliza en redes sociales o aparece en el noticiero central, cualquier reconocimiento posterior por parte de una víctima queda invalidado. Los abogados defensores pueden argumentar que el testigo no señaló al atacante por su memoria del hecho, sino por haberlo visto en la televisión. “Se contamina la prueba”, explican expertos legales, y eso puede derivar en la nulidad de toda la causa, permitiendo que un criminal recupere la libertad por un error de procedimiento.
Presunción de inocencia y demandas millonarias
Detrás de los rostros borrosos también hay un escudo contra futuras demandas. La Constitución Nacional establece que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
- Pena anticipada: Mostrar el rostro de alguien que luego resulta ser inocente causa un daño irreparable a su reputación.
- Demandas al Estado: El Ministerio de Seguridad busca evitar juicios por daños y perjuicios. Si el Estado difunde la cara de un ciudadano que termina sobreseído, la indemnización que debe pagar el erario público —es decir, todos los contribuyentes— es millonaria.
El debate ético: ¿Y el derecho de la sociedad?
La normativa bonaerense es estricta. Los protocolos del Ministerio de Seguridad obligan a los efectivos a no exponer a los aprehendidos. Sin embargo, esto genera un constante choque con el “derecho a saber” de la ciudadanía. Muchos sostienen que identificar a los delincuentes permitiría que otras víctimas de hechos no denunciados puedan reconocerlos y presentarse ante la justicia.
Por ahora, la balanza se inclina hacia el rigor procesal. Prefieren una cara pixelada hoy que un criminal libre mañana por un error en la instrucción del caso
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