El exministro de Transporte bonaerense pertenciente al massismo, quedó procesado por lavado de activos agravado por su condición de funcionario público y afronta un embargo de $350 millones.
La resolución fue dictada por el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, que además ratificó la inhibición general de bienes impuesta en marzo. Pese a la gravedad de los cargos, continuará en libertad provisoria, tal como prevé el artículo 310 del Código Procesal Penal.
La medida también alcanzó a Facundo Asensio, exdirector de Fiscalización y Control de la Dirección Provincial de VTV, quien fue procesado por lavado de dinero y embargado por $300 millones. En su caso, la Justicia no aplicó el agravante por función pública al no hallar vínculo directo entre su cargo y las maniobras investigadas.
Una estructura para desviar fondos
La causa se inició el 5 de septiembre de 2024 tras una denuncia que señalaba a D’Onofrio y a la concejal de Pilar Claudia Pombo como líderes de una estructura dedicada a desviar fondos provenientes del sistema de cobro de multas en distintos municipios bonaerenses. Según la investigación, la red operaba con roles definidos, jerarquías internas y el uso de prestanombres para ocultar el origen del dinero ligado a fotomultas y la VTV.
Uno de los indicios clave fue la compra de una camioneta Audi Q8. El vehículo fue adquirido en octubre de 2023 a nombre de Asensio por un valor declarado de $30 millones, aunque el seguro lo valuaba en más de $173 millones. La Justicia determinó que el verdadero usuario era D’Onofrio, quien figuraba autorizado a conducir y pagaba el Telepase. Para justificar la operación se presentó un contrato con una sociedad familiar sin actividad económica, lo que reforzó la sospecha de un mecanismo de disimulación patrimonial.
Las explicaciones de los implicados no convencieron al magistrado: D’Onofrio negó ser propietario y dijo haber conducido la camioneta “una sola vez”; Asensio afirmó que la compró con dinero de la venta de un terreno. Para el juez, ambas versiones fueron inconsistentes y revelaron un esquema típico de lavado.
El vehículo fue transferido a un tercero en noviembre de 2024, el mismo día en que la Cámara Federal de San Martín definió la competencia del tribunal, un movimiento que la Justicia consideró un intento de entorpecer el rastreo patrimonial.
Un escándalo de alto impacto político
D’Onofrio había renunciado a su cargo el 30 de diciembre alegando “motivos personales”, mientras avanzaban dos investigaciones: la de Campana por lavado de activos, y otra en La Plata por fraude, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito en el sistema de fotomultas y la VTV.
El procesamiento y el embargo refuerzan la gravedad del caso y lo ubican en el centro de uno de los mayores escándalos de gestión recientes en la provincia.
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