La eliminación de serenos deja familias sin sustento y desata una polémica política y legal
Una nueva tormenta golpea el Puerto Quequén. La decisión del gobierno nacional de eliminar la obligatoriedad de contratar serenos en los buques dejó a al menos 16 familias sin ingresos, en una medida que, según el gremio, no solo afecta los puestos de trabajo, sino también la seguridad operativa y el control ambiental.
El decreto 37/2025, firmado por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, busca “modernizar y eficientizar” el sistema portuario. Sin embargo, en la práctica, le dio vía libre a las empresas para prescindir de un servicio que era clave para la vigilancia y prevención de incidentes, robos y derrames. A pesar de que los trabajadores no fueron formalmente despedidos, el recorte de sus funciones fue inmediato y los dejó en un limbo laboral.
Gremio versus el Consorcio: la pelea por la responsabilidad
El conflicto expuso un fuerte cruce entre los representantes sindicales y las autoridades del Consorcio de Gestión del Puerto, encabezadas por Jimena López, hermana del ex intendente Facundo López. quien preside el Ente. Desde el gremio, se le exige a la funcionaria que intervenga para mitigar los efectos del decreto a nivel local, argumentando que existen herramientas legales para hacerlo. Sin embargo, López se plantó, asegurando que la resolución es de alcance nacional y que la provincia no puede actuar en contra de un decreto de esa jerarquía.
“Las cuestiones de nación no están por debajo de las cuestiones de provincia”, afirmó la presidenta del Consorcio, remarcando que la solución debe venir desde Buenos Aires. No obstante, voces dentro del sector portuario sostienen que la provincia sí podría tomar medidas para sostener los puestos de trabajo, basándose en convenios internacionales de seguridad y control ambiental.
Un vacío en la seguridad y una pregunta sin respuesta
Desde el sindicato, la preocupación va más allá de lo laboral. Aseguran que la eliminación de los serenos deja un vacío crítico en la seguridad de los buques y en la prevención de accidentes. “Hoy no hay ninguna función de seguridad ni preventiva arriba de los buques”, advirtió Darío Olivera, secretario de la Mesa Portuaria, señalando que, ante una situación de riesgo, no hay quién dé aviso a las autoridades.
La situación contrasta con lo que ocurre en otros puertos como el de Bahía Blanca, donde los serenos siguen trabajando.
La hermana de López atribuye esta diferencia a la “presión sindical” de la regional, mientras Olivera lo califica como una “discriminación clara laboral” bajo el mismo convenio colectivo. En el medio de esta disputa política y legal, las 16 familias de Quequén esperan una solución. El reclamo no es solo por un trabajo, sino por un modelo de seguridad que, aseguran, el decreto de Milei puso en riesgo.
Los sindicalistas aseguran en off que la presidenta ” se borra” por sus estrechos vínculos con las agencias marítimas y la agroexportación, donde la mencionada “juega” claramente en favor de las exportadoras.
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