Buenos Aires, 28 de junio de 2025 – A pesar de las advertencias del sector agropecuario y los intentos de negociación de último momento, el Gobierno nacional oficializó este viernes el restablecimiento de las alícuotas plenas para la soja, el maíz y el girasol. A partir del 1° de julio, volverán a regir los niveles de retenciones vigentes en enero, según lo dispone el decreto 439/2025 publicado en el Boletín Oficial.
La medida pone fin a una rebaja transitoria que había sido implementada meses atrás y que muchos productores esperaban que se extendiera, especialmente en un contexto de márgenes ajustados, costos crecientes y clima de incertidumbre económica.
Un escenario de malestar en el agro
En las últimas horas, las principales entidades del agro expresaron su desacuerdo, apelando a la necesidad de previsibilidad y estabilidad para un sector que, según plantean, “ya hizo su aporte”.
Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) se mostraron comprensivos con el esfuerzo fiscal que intenta encarar el Ejecutivo, pero insistieron en que restablecer los derechos de exportación a los granos será “un retroceso con impacto negativo directo en la producción y el desarrollo de las economías regionales”.
En tanto, desde CARBAP, entidad que nuclea a productores bonaerenses y pampeanos, las críticas fueron más directas. “Retenciones, el robo institucionalizado que nunca termina”, escribieron en redes sociales, marcando un tono de creciente tensión entre el Gobierno y uno de los sectores que históricamente acompañó su llegada al poder.
La palabra oficial: un cambio que ya había sido anunciado
Aunque el anuncio formal llegó este viernes, el presidente Javier Milei ya había anticipado la medida en abril, cuando sostuvo que “en junio vuelven las retenciones” y sugirió al campo que liquidara antes del vencimiento del esquema actual.
En la misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, había aclarado semanas atrás que la extensión del beneficio solo alcanzaría al trigo y la cebada, cultivos clave para la campaña invernal. Para el resto, el mensaje fue claro: la rebaja era transitoria y no será renovada.
El vocero presidencial Manuel Adorni ratificó en conferencia de prensa que “el esquema nunca se modificó, solo se aplicó una reducción puntual con fecha de vencimiento”, echando por tierra las esperanzas del sector por una prórroga.
Una tensión que vuelve a escena
La relación entre el campo y el Estado argentino siempre ha estado marcada por tensiones recurrentes. Esta decisión del Gobierno, tomada en un momento donde la confianza del agro parecía haber sido restablecida en parte, podría volver a abrir heridas difíciles de cerrar.
Aunque el Ejecutivo sostiene que la medida es parte de un plan fiscal necesario para el orden macroeconómico, en el sector rural insisten en que el esfuerzo debería ser compartido, y que castigar al que produce no es el camino para la recuperación del país.
En un país agrícola por definición, el campo vuelve a alzar la voz. Esta vez, con un Gobierno que supo cosechar su apoyo y ahora, en tiempos de ajustes, parece no escucharlo.
Cifras que preocupan
Según el último informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), el 63,6% del resultado neto de una hectárea agrícola promedio se destina al pago de impuestos. Para algunos cultivos, la carga tributaria es incluso más elevada: trigo (78,2%), soja (65,9%) y girasol (63,2%).
De no continuar la rebaja temporal, estos porcentajes podrían aumentar aún más, con proyecciones que ubican el impacto fiscal cerca del 70% en soja, lo que genera una fuerte preocupación por la sustentabilidad del modelo productivo, especialmente para los pequeños y medianos productores.
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