El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº2 de San Martín ha frenado el cierre de la Dirección de Vialidad Nacional, dispuesto hace dos semanas por el gobierno de Javier Milei, en el marco de su política de disolución de organismos del Estado. Este nuevo revés contra la “motosierra” de La Libertad Avanza (LLA) es consecuencia de la aceptación de una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), luego de que se decretara el desguace de esa área y su partición en distintas dependencias estatales.
La aceptación del amparo fue confirmada por la secretaria general de SEVINA, Emiliana Mcnamara, quien indicó que a partir de ahora rige una medida de no innovar por la cual “por ahora no podrían avanzar contra la disolución de Vialidad”. Esta decisión judicial implica que el organismo debe mantener su estructura y funcionamiento actual, al menos hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad del decreto presidencial. La medida cautelar subraya la necesidad de preservar el status quo para evitar daños irreparables mientras se dirime el conflicto legal.
Mcnamara explicó que “Vialidad tiene una creación a partir de un decreto ley, que indica que no se podría disolver porque es un ente autárquico que funciona de manera autónoma”. Por este motivo, agregó, sobre Vialidad Nacional no tiene efecto lo que establece la Ley Bases, que es la legislación sobre la cual el Gobierno apoyó su decisión de cerrar ese organismo. “Esto es inconstitucional”, sentenció. La dirigente gremial enfatizó que la autonomía de Vialidad Nacional, garantizada por su marco legal de creación, la exime de las facultades delegadas en la Ley Bases, lo que convierte el intento de disolución en una acción que excede las atribuciones del Poder Ejecutivo.
De esta manera, la dirección encargada de planificar y ejecutar obras viales debería seguir existiendo como tal, hasta tanto un juzgado resuelva la cuestión de fondo, que es la legalidad del cierre orquestado por el Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger. Este proceso judicial podría extenderse, manteniendo en vilo el futuro del organismo y sus más de cinco mil trabajadores. La decisión de la jueza Forns no solo protege los puestos de trabajo, sino que también salvaguarda la capacidad operativa de una entidad crucial para la infraestructura vial del país.
La presentación de SEVINA no fue la única que se efectivizó contra el cierre de Vialidad. El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) había presentado también una acción de amparo contra la disolución de ese organismo, así como también de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Este último planteo solicitó que el decreto sea declarado inconstitucional y, por lo tanto, se suspendan sus efectos, evidenciando un frente gremial unificado en la defensa de los organismos estatales frente a las políticas de ajuste.
Mcnamara destacó que el objetivo es “mantener Vialidad Nacional, porque es el ente que se tiene que encargar de cuidar las rutas nacionales”. Y a este problema “no se lo resuelve ni desfinanciando ni disolviendo nacional”, enfatizó. La líder sindical hizo hincapié en la importancia estratégica de Vialidad Nacional para el mantenimiento y desarrollo de la red de carreteras del país, argumentando que su desmantelamiento podría tener graves consecuencias para la conectividad y la seguridad vial.
“Tenemos una alegría inmensa. Tenemos Vialidad para rato, ojalá que sea así. Y si no, seguiremos luchando desde lo político, en la calle y en la Justicia”, concluyó. Esta declaración refleja la determinación de los sindicatos y trabajadores de Vialidad Nacional de continuar la defensa del organismo por todas las vías posibles, tanto en el ámbito legal como en el político y social.
