El intendente Arturo Rojas, ha formalizado el veto a la Ordenanza 12078/25, aprobada por el Concejo Deliberante el pasado 30 de diciembre. Dicha ordenanza introducía modificaciones significativas a la normativa original (12.009/25) referente a la subasta del Complejo Casino.
El Departamento Ejecutivo anunció este miércoles el decreto que rechaza los cambios propuestos por el cuerpo legislativo. Esta decisión ya había sido anticipada por el jefe comunal en reiteradas ocasiones, quien previamente había calificado a las modificaciones como “antirreglamentarias, ilegales e irresponsables”. Según Rojas, alterar las “reglas de juego” de manera abrupta podría desalentar a potenciales inversores y comprometer la recuperación de la emblemática estructura. En una conferencia de prensa anterior, acompañado por su gabinete, el intendente había afirmado su intención de aplicar el veto en caso de que la ordenanza fuera aprobada.
Entre los puntos clave rechazados por el Ejecutivo se encuentra la modificación del artículo 8, que obligaba al comprador a iniciar las tareas de demolición o restauración en un plazo de 180 días corridos desde la adquisición, con la consecuente pérdida de exención de tasas municipales en caso de incumplimiento. La ordenanza original, en contraste, no establecía plazos definidos para estas acciones.
Asimismo, el veto alcanzó la alteración del artículo 12, que pretendía otorgar al Concejo Deliberante la autoridad para autorizar cualquier cesión parcial o total del boleto de compraventa. La normativa vigente confiere esta potestad exclusivamente al Departamento Ejecutivo.
Otro aspecto revertido es la modificación del artículo 22, que limitaba la exención de tasas y gravámenes municipales por 15 años a los usos de vivienda y comercio, y la restringía exclusivamente al comprador original, impidiendo su transferencia a terceros. La versión original de la ordenanza no contemple estas limitaciones.
Finalmente, se desestimó la creación de un Fondo de Reparación Histórica, que se financiaría con los recursos de la venta del Casino y se destinaría a obra pública, bajo la supervisión de una comisión especial integrada por representantes de cada bloque del Concejo Deliberante. La ordenanza actual estipula que el 70% de lo recaudado por la venta se asignará a obras municipales, mientras que el 30% restante será de libre disponibilidad, con prioridad para servicios esenciales, bajo la definición exclusiva del Departamento Ejecutivo.
Con el veto del intendente Arturo Rojas, las modificaciones a la ordenanza quedan sin efecto. En consecuencia, la subasta del Complejo Casino, programada para el 11 de febrero en el salón de actos de la Municipalidad, se ejecutará bajo los lineamientos de la Ordenanza 12.009/25, sin las alteraciones propuestas por la oposición.
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