Buenos Aires, 3 de agosto de 2025 – Ante el temor de que la privatización de las rutas nacionales con peaje fracase por falta de interesados, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, han decidido flexibilizar los requisitos técnicos y económicos del plan. La medida busca hacer más atractiva la licitación y, a la vez, ofrecer garantías a los futuros concesionarios frente a posibles congelamientos de tarifas.
Requisitos Más Flexibles para Atraer a Nuevos Actores
La flexibilización de las exigencias fue revelada por Martín Maccarone, quien se identifica como secretario coordinador de Infraestructura, durante una transmisión de un streaming libertario. Entre los principales cambios se destacan:
- Sin experiencia previa: Se eliminarán los requisitos técnicos específicos, permitiendo que cualquier empresa, incluso las que no tienen experiencia en obras viales, pueda participar en las licitaciones.
- Apertura a otros sectores: Empresas no constructoras, como Mercado Libre o Cargill, podrán competir por las concesiones. El único requisito será presentar un seguro de caución equivalente al 30% del costo total de la obra. Según Maccarone, esta medida tiene como objetivo “romper el ‘club de la obra pública'”.
Garantía Estatal ante Congelamiento de Peajes
Para mitigar el riesgo financiero de los inversores, se creará un Fondo de Garantías Argentino (Fogar). Este mecanismo servirá como un seguro para las concesionarias. Si el Estado impide los aumentos de peajes previstos en los contratos, el fondo cubrirá los montos afectados para asegurar que las empresas puedan devolver los préstamos y continuar con sus inversiones.
Cuestionamientos del “Círculo Rojo”
La decisión de flexibilizar los requisitos surge después de que varias constructoras y analistas del sector advirtieran al Gobierno sobre la inviabilidad del esquema original. La Cámara Argentina de la Construcción, a través de su presidente Gustavo Weiss, expresó su preocupación por la disolución de Vialidad Nacional y señaló que la inversión privada solo es viable para un “porcentaje minoritario de obras”, como los accesos a grandes ciudades.
Weiss también advirtió que la mayoría de los 9.155 kilómetros de rutas a privatizar no tienen un nivel de tránsito suficiente para que el cobro de peajes cubra las inversiones. A esto se suma la reticencia de bancos y fondos de inversión a financiar las obras obligatorias en los primeros dos años de contrato. La flexibilización de las exigencias busca responder a estas críticas y evitar que la licitación fracase, tal como ocurrió con la hidrovía.
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