Un fuerte rumor comenzó a circular en el ámbito portuario de Necochea y Quequén sobre una posible resolución del directorio del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén que otorgaría una nueva prórroga a Terminal Quequén S.A. para continuar operando el elevador de granos.
Según fuentes vinculadas al sector, la extensión estaría siendo impulsada por los accionistas que cuentan con mayoría dentro del directorio y podría aprobarse en el corto plazo.
Cómo sería la nueva prórroga
De acuerdo a la información que trascendió, la extensión tendría tres puntos centrales:
- Se otorgaría por 18 meses, contados desde el vencimiento de la prórroga vigente concedida durante la gestión de Jimena López.
- Si al finalizar ese plazo no se hubiera adjudicado la concesión mediante licitación, la prórroga se renovaría automáticamente por otro período igual.
- En caso de adjudicarse la concesión a otra empresa, Terminal Quequén tendría hasta un año para entregar las instalaciones.
La provincia sin representante y el problema del veto
Desde sectores interesados en participar de una futura licitación advierten que la decisión podría tomarse en un momento institucional particular.
Actualmente, la Provincia de Buenos Aires no tendría representante formal designado en el directorio tras la salida de Jimena López, lo que en los hechos impediría ejercer el poder de veto que posee el Estado provincial en este tipo de resoluciones.
Esa situación generaría un escenario inédito dentro del Consorcio, ya que una decisión estratégica podría adoptarse sin la intervención directa de la Provincia.
Reclamos por el canon y pérdidas millonarias
En el ámbito interno del puerto sostienen que la falta de licitación habría provocado un perjuicio económico importante para el ente portuario.
Según estimaciones privadas:
- Terminal Quequén paga actualmente USD 0,20 por tonelada en concepto de canon.
- En una licitación, el valor mínimo esperado rondaría USD 0,80 por tonelada.
- La diferencia acumulada representaría más de USD 10 millones para el Consorcio.
- Además, se mencionan USD 13 millones adicionales que estaban previstos en el pliego elaborado durante la gestión de Jorge Álvaro.
Despidos y clima político interno
En paralelo, en los últimos días se produjeron despidos de empleados y asesores vinculados al sector político que respondía a Jimena López.
Fuentes políticas locales interpretan la decisión como una represalia interna dentro del esquema de poder del Consorcio, luego de que la ex presidenta otorgara antes de su salida una prórroga limitada a seis meses, lo que habría generado malestar en sectores empresariales vinculados a la exportación.
El tema podría escalar en los próximos días si el directorio avanza con la nueva extensión, en medio de un contexto donde la licitación del elevador sigue sin definirse después de varios años de postergaciones.







