Lo acusan de de administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito.
La Cámara Federal ordenó restablecer la intervención y las restricciones al directorio de OSPRERA, al considerar que aún persisten las circunstancias que motivaron la medida original.
El fallo fue dictado por la Sala II del tribunal, con los votos de Roberto Boico y Martín Irurzun, y la disidencia de Eduardo Farah. Los magistrados revocaron así la resolución del juez federal Sebastián Casanello, quien había dispuesto devolver el control de la obra social a sus autoridades.
La decisión judicial ordena el “inmediato restablecimiento” de la intervención del organismo y la reactivación de las inhibiciones patrimoniales que pesaban sobre sus autoridades, entre ellas el secretario general de la UATRE, José Voytenco.
El eje penal del conflicto
Según la Cámara, la intervención no fue una simple medida administrativa vinculada a la situación financiera de la entidad, sino una cautelar dictada dentro de una investigación penal por presuntos delitos de administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito.
Los camaristas señalaron que levantar las restricciones únicamente por mejoras en los balances contables sería “un error conceptual sobre la naturaleza del proceso penal”, ya que el objeto de la causa es determinar posibles delitos en la gestión de los fondos de la obra social.
Sospechas patrimoniales
La investigación busca esclarecer supuestas maniobras irregulares en la administración de los recursos destinados a la salud de los trabajadores rurales.
Entre las denuncias figura un patrimonio presuntamente incompatible con los ingresos declarados por Voytenco, incluyendo la compra de una propiedad de lujo en Cañuelas, que la querella sostiene habría sido financiada con fondos derivados de la gestión de la obra social.
También se investigan contrataciones irregulares con empresas prestadoras que, según la acusación, tendrían vínculos directos con el dirigente sindical.
Demoras en la investigación
En el fallo, la Cámara también cuestionó la falta de avances en el expediente durante el período en que estuvo en manos del juez Federico Villena, en el fuero federal de Lomas de Zamora.
Los camaristas señalaron que durante más de un año la causa permaneció paralizada en debates sobre competencia territorial y recusaciones, sin que se produjeran pruebas fundamentales.
Por ello ordenaron certificar los expedientes conexos antes de permitir cualquier cambio en la conducción de la obra social.
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