El Gobierno Nacional oficializó una serie de cambios normativos orientados a la desregulación de la tenencia, comercialización y transporte de armas de fuego y materiales explosivos.
La resolución establece que los gobiernos locales ya no tendrán incidencia directa en la autorización de depósitos o en la fiscalización del tránsito de explosivos dentro de sus jurisdicciones, siempre que se cumpla con la normativa nacional vigente. De esta manera, se pretende unificar criterios y evitar la superposición de tributos o permisos especiales que variaban según la localidad.
Desde el sector oficial indicaron que el objetivo es “optimizar los procesos administrativos y garantizar que la seguridad nacional no se vea fragmentada por regulaciones locales arbitrarias”. Bajo esta premisa, el ANMaC (Agencia Nacional de Materiales Controlados) reafirma su rol como autoridad de aplicación exclusiva en todo el territorio.
De esta forma, los proyectos actualmente en trámite para la instalación de depósitos que permitan la operación de descarga de nitrato de amonio en Puerto Quequén, puede continuar el trámite sin que ni el ejecutivo provincial ni el municipio puedan intervenir frente a una eventual habilitación.
Esta decisión genera diversas reacciones en el arco político. Mientras algunos sectores defienden la autonomía municipal para controlar materiales peligrosos en sus ejidos urbanos, el Ejecutivo sostiene que la burocracia actual solo dificulta el comercio legal y no previene efectivamente el delito. “Buscamos que el Estado sea eficiente y que las normas sean claras para todos los ciudadanos por igual”, señalaron fuentes vinculadas a la reforma.
El nuevo esquema también contempla una actualización en los registros de usuarios y una simplificación en los trámites de renovación de licencias, bajo la consigna de fomentar la transparencia en el mercado legal de armas y explosivos de uso civil e industrial.
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