La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dejó firme una multa por más de $16.426.800 contra la empresa Rappi, al rechazar los recursos que había presentado la firma contra una sanción aplicada por el gobierno de Axel Kicillof a través del área laboral que conduce Walter Correa.
De esta manera, el máximo tribunal bonaerense validó el procedimiento administrativo y consideró legales las actuaciones impulsadas por la cartera de Trabajo provincial, al entender que la empresa no logró desvirtuar las infracciones detectadas.
El fallo fue especialmente crítico con la defensa de la plataforma. La Corte señaló que “el interesado se centra en reproducir lo dicho en la instancia de grado, ignorando los fundamentos del pronunciamiento” y también remarcó que el recurso extraordinario carecía de sustento suficiente porque “no se indicaron con claridad las normas legales infringidas ni se precisó en qué consistía su violación”.
La resolución judicial respalda además las facultades del Ministerio de Trabajo bonaerense para interpretar normas laborales y calificar relaciones de trabajo con fines sancionatorios, un punto que la empresa había intentado limitar al ámbito estrictamente judicial.
Si bien la Corte no avanzó en una definición de fondo sobre el estatus jurídico de los repartidores, en los hechos convalidó la presunción de existencia de vínculo laboral prevista en el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, aunque aclaró que lo hacía “sin abrir juicio acerca del grado de acierto de lo decidido” sobre la naturaleza del vínculo.
La sanción tiene origen en un operativo realizado en 2020, cuando se relevó la situación de 172 trabajadores en distritos como La Plata, San Isidro, Vicente López, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes y La Matanza. Allí se detectaron graves incumplimientos, entre ellos falta de cobertura de salud laboral, aguinaldo y vacaciones en más del 97% de los casos relevados.
La decisión fortalece la política que viene sosteniendo la Provincia frente al trabajo en plataformas digitales y se suma a antecedentes sancionatorios contra otras firmas del sector, como Pedidos Ya y Glovo.
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